Las pensiones en España: ¿viabilidad o problema inasumible?

El sistema de pensiones en España ha sido considerado, durante décadas, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar.  “Nosotros contribuimos durante décadas, confiando en que habría algo para nosotros al final. Y aunque ahora recibimos nuestra pensión, sentimos la incertidumbre de si mañana será suficiente”, reflexiona Manoli, jubilada y pensionista de 73 años.

Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más de 10 millones de personas reciben actualmente una pensión contributiva, lo que equivale a casi el 22% de la población. Este modelo se basa en un principio de solidaridad intergeneracional: las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados. Sin embargo, el equilibrio de este esquema enfrenta tensiones crecientes debido a factores demográficos y económicos que amenazan su sostenibilidad.

El futuro de las pensiones ha ocupado un lugar central en la agenda política y económica del país. Los desafíos actuales exigen reformas estructurales que adapten el sistema a una realidad demográfica muy diferente de aquella para la que fue diseñado. Las decisiones que se tomen ahora no solo determinarán el bienestar de millones de personas, sino también el equilibrio del contrato social que ha sostenido la convivencia en España durante décadas. ¿Podrá el sistema evolucionar para responder a las necesidades de una sociedad que envejece rápidamente, o será inevitable una reforma más profunda y compleja?

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Cuando la pirámide se invierte: el desafío del envejecimiento en España

El fenómeno relacionado con el envejecimiento de la población está marcado por un aumento continuo en la esperanza de vida y una disminución sostenida de la natalidad, lo que reduce la base de cotizantes y aumenta la proporción de personas en edad de jubilación. Tal y como señala el economista, Ignacio Pedrosa, la caída de la natalidad ha provocado que se produzca una pirámide casi invertida, boca abajo, porque hay menos jóvenes. Todavía no se ha incorporado a la jubilación la generación famosa del baby boom, que está a punto de hacerlo. Esa generación incrementará aún más el número de jubilados”.

Según las proyecciones demográficas, la esperanza de vida al nacer continuará incrementándose en las próximas décadas, alcanzando los 86 años para los hombres y los 90 años para las mujeres en 2071. Paralelamente, los grupos de edad entre 39-43 y 69-74 años aumentarán , y disminuirá la población joven de 12-18 años. Estas cifras ilustran un panorama en el que la población en edad de jubilación crecerá de manera sostenida, mientras que la población en edad laboral disminuirá. 

El declive en la tasa de natalidad también juega un papel crucial en esta problemática. Desde mediados del siglo XX, España ha experimentado una caída constante en los nacimientos, influenciada por factores como la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y el aumento en el coste de vida. El umbral de reemplazo generacional, número promedio de hijos por mujer necesarios para que una población mantenga su tamaño sin migración, fijado en 2,1 hijos por mujer, está lejos de alcanzarse en España, donde el promedio actual es de 1,19. 

Las proyecciones demográficas a largo plazo refuerzan la necesidad de analizar los efectos de esta evolución sobre el sistema de pensiones. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, hacia el año 2100, España tendrá una estructura poblacional altamente envejecida, con una base de cotizantes significativamente reducida y un peso creciente de las personas mayores de 65 años sobre el conjunto de la población.

El envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad no solo reducen la base de cotizantes, sino que también plantean la necesidad de buscar alternativas que compensen este desequilibrio. En este contexto, la inmigración se presenta como una solución parcial para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, aunque con limitaciones.

¿Qué puede aportar la inmigración y cuáles son sus límites?

Aunque la inmigración puede aliviar temporalmente la presión sobre el sistema de pensiones al aumentar la base de cotizantes, su impacto es limitado ya que ellos también envejecen. Sin embargo, en el caso de Alemania ha utilizado políticas migratorias como una herramienta clave para sostener su sistema de pensiones. 

En 2015, Alemania recibió más de un millón de refugiados y migrantes, lo que incrementó significativamente la base de cotizantes jóvenes. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, entre 2015 y 2020, alrededor de 60% de estos migrantes estaban empleados en 2023, contribuyendo al sistema de pensiones.

Para ello, el país invirtió en programas de formación profesional y aprendizaje del idioma, mejorando la empleabilidad de los inmigrantes. Aunque contribuyen al sistema, su impacto no es suficiente para compensar completamente el envejecimiento poblacional, ya que eventualmente también se jubilan.

A pesar de que el análisis revela que la inmigración podría ser una solución parcial para aliviar temporalmente la presión sobre la base de cotizantes, su impacto en la financiación del sistema es limitado. Por ello, resulta crucial analizar cómo se financian actualmente las pensiones y los tipos de prestaciones existentes para entender su sostenibilidad.

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Contributivas vs. no contributivas: dos caras de la misma moneda

El sistema de pensiones en España se organiza en diferentes modalidades que responden a las diversas necesidades de los beneficiarios. Las pensiones contributivas están directamente vinculadas a las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Su importe depende de los años trabajados y las bases de cotización. Se pueden clasificar en cuatro tipos principales:

1. La pensión de jubilación es la más común y representa el mayor porcentaje del gasto total en pensiones. Se otorga a las personas que han alcanzado la edad legal de jubilación y cumplen con los requisitos de cotización mínima.
2. Incapacidad: Este tipo de pensión se concede a quienes no pueden continuar trabajando debido a una enfermedad o accidente que limita su capacidad laboral. Aunque representa un porcentaje menor respecto al total, su impacto es relevante en sectores laborales con mayor incidencia de trabajos físicamente exigentes.
   
3. La pensión de viudedad se otorga a cónyuges o parejas de hecho que han perdido a su pareja, siempre que esta hubiera cotizado el tiempo mínimo requerido. Históricamente, este tipo de pensión ha beneficiado mayoritariamente a mujeres debido a las dinámicas tradicionales de género.
4. Existen pensiones menos frecuentes, como las de orfandad y a favor de familiares dependientes. Aunque representan un porcentaje reducido del gasto total, son esenciales para garantizar la protección social de los grupos más vulnerables.

Por otro lado, encontramos las no contributivas están diseñadas para personas que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Son financiadas directamente por los Presupuestos Generales del Estado y buscan garantizar un ingreso mínimo.

1. Pensión no contributiva de jubilación: Destinada a personas mayores de 65 años que no han alcanzado los requisitos de cotización. Su importación es reducida, pero esencial para prevenir la pobreza extrema en este grupo.
2. Pensión no contributiva de invalidez: Proporciona un ingreso a personas con una discapacidad igual o superior al 65% que no cuentan con recursos económicos suficientes.

Actualmente, las pensiones de jubilación representan aproximadamente el 70% del total, seguidas por las de viudedad (16%), incapacidad (9%) y otras (2%). Se prevé que la proporción de pensiones de jubilación aumente para 2050, acompañada de una leve reducción en las de viudedad debido a cambios demográficos y sociales. Así pues, la tasa de dependencia superará el 50%, lo que implica que por cada persona jubilada habrá menos de dos personas en edad de trabajar, una proporción mucho más baja que la actual de tres trabajadores por jubilado.

Las pensiones mínimas son esenciales para evitar la pobreza extrema entre los jubilados, pero según los últimos datos de la Seguridad Social, aunque las pensiones se revalorizan con el IPC, el aumento del coste de vida en sectores como la energía y la alimentación sigue superando la capacidad adquisitiva de muchos jubilados. La queja sobre la pérdida de poder adquisitivo es común. “Siempre nos dijeron que cuanto más cotizáramos, mejor pensión tendríamos. Pero, ¿de qué sirve si los precios de todo suben más rápido que nuestras pagas? Antes, con lo que me ingresaban cada mes, podía cubrir los gastos y ahorrar un poco. Ahora, entre la luz, el gas y la comida, ya no me queda margen. Y no quiero depender de mis hijos, porque ellos también tienen sus problemas”, añade Juan, jubilado de 78 años, reflejando la doble carga emocional y económica que enfrentan muchas familias.

Las pensiones no contributivas constituyen una herramienta clave para proteger a aquellos que no han podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Sin embargo, su importe es aún más bajo que el de las pensiones mínimas contributivas, lo que las hace insuficientes para garantizar una vida digna. “El sistema actual no está preparado para atender los cambios y la demanda de la sociedad, ya que los diversos organismos no disponen de medios económicos para afrontarlo. Las ayudas a nuestros mayores son escasas y llegan tarde”, señala Mari Carmen, cotizante en activo.

Las pensiones según las comunidades autónomas: dónde se cobra más y menos

En cuanto a la distribución de las pensiones por comunidades autónomas, los datos reflejan importantes diferencias, derivadas de las disparidades en salarios, empleo y nivel de vida a lo largo del país. Según datos del INE, el País Vasco lidera con una pensión media de 1.559.68 euros , seguido por Asturias (1.469,17 euros) y Madrid (1.464 euros). Estas comunidades destacan por sus altos salarios medios, una mayor proporción de empleos cualificados y una trayectoria laboral más estable, lo que se traduce en bases de cotización más elevadas.

En cambio, comunidades como Extremadura, con una pensión media de 1.057,23 euros , y Galicia, con 1.041,82 euros, presentan valores significativamente inferiores. Estas cifras reflejan la realidad de un mercado laboral históricamente caracterizado por su menor poder adquisitivo, el predominio de actividades agrícolas o precarias, y cotizaciones más bajas a lo largo de la vida laboral.

Los factores demográficos y económicos también inciden en estas diferencias. Por ejemplo, regiones con una mayor proporción de personas mayores, como Asturias, donde el 27,15% de la población tiene más de 65 años, destinan una mayor parte de su presupuesto a pensiones. Esto incrementa la presión sobre los recursos públicos, especialmente en comunidades con economías más débiles y menor capacidad de recaudación fiscal.

El gasto en pensiones varía según la economía regional: comunidades como Madrid y País Vasco, con mayor recaudación fiscal y salarios altos, enfrentan menos presión financiera, mientras que regiones como Extremadura y Andalucía, con ingresos fiscales limitados, tienen mayores dificultades para cubrir el gasto en pensiones. Una reforma del sistema debe abordar estas desigualdades para garantizar equidad y sostenibilidad.

Las reformas de las pensiones: del Pacto de Toledo a las medidas de 2023

En las últimas décadas, el sistema de pensiones español ha sido objeto de varias reformas que han intentado garantizar su sostenibilidad. Carlos Ochando, profesor de política en el grado de Economía de la Universidad de Valencia, recuerda un momento crucial en la historia reciente de las pensiones: el Pacto de Toledo de 1995, un acuerdo político alcanzado entre todos los partidos para reformar el sistema donde sindicatos como CCOO estuvieron presentes. Finalmente se consiguió aumentar los ingresos, reforzar la protección social de las pensiones y reducir la brecha de género. 

Estas reformas, “no sólo consolidan el sistema para las generaciones actuales, sino que también aseguran su sostenibilidad para el futuro”, explican desde el sindicato. Además, destacan el carácter redistributivo de estas medidas, que refuerzan la equidad entre territorios y niveles de renta. Sin embargo, Ochando lamenta que la situación actual de crispación y polarización dificulte alcanzar consensos similares. “Ahora es imposible llegar a acuerdos políticos e incluso a acuerdos mínimos para reformar el sistema”, afirma con preocupación.

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Una de las medidas más destacadas ha sido el aumento gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años, introducida en la reforma de 2011. Este cambio busca reducir la presión sobre el sistema al extender la vida laboral y retrasar el acceso a las prestaciones. Según señala el economista Ignacio Pedrosa, “este ajuste tiene un doble efecto positivo: se está menos tiempo cobrando pensión y dos años más cotizando". Sin embargo, aclara que "no es suficiente, lamentablemente, porque el sistema sigue siendo altamente deficitario".

En la misma reforma, se incrementó el período utilizado para calcular la base reguladora de las pensiones, pasando de 15 a 25 años. Esta medida ajusta las pensiones a las contribuciones reales a lo largo de la carrera laboral del trabajador, disminuyendo el gasto en casos de salarios elevados hacia el final de la vida laboral. Más tarde, la reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, con el objetivo de equilibrar el sistema a largo plazo. Desde entonces, las pensiones estaban sujetas al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) , un mecanismo generó una notable pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas, ya que los aumentos eran inferiores al crecimiento del IPC .

En 2017, este malestar cristalizó en una oleada de protestas masivas lideradas por pensionistas, quienes exigían que las pensiones volvieran a revalorizarse conforme al costo de la vida. El gasto en pensiones en 2017 continuó aumentando debido al crecimiento del número de pensionistas y la mejora en la cantidad media de las pensiones. Sin embargo, el sistema seguía enfrentando un déficit crónico. Para financiar el aumento del gasto, el gobierno recurrió al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la conocida “hucha de las pensiones”), que se redujo en este periodo, pasando de más de 66.000 millones de euros en 2011 a apenas 8.000 millones de euros en 2017. Esta dependencia del Fondo de Reserva puso de manifiesto la insostenibilidad del sistema en su estado actual, acentuando la necesidad de una reforma estructural.

Finalmente, en 2018, el sistema volvió a vincular las pensiones al IPC (revirtiendo parcialmente la reforma de 2013). Esto incrementó el gasto, ya que las pensiones recuperaron su capacidad adquisitiva. Además, la crisis provocada por la pandemia tuvo un impacto significativo en el gasto en pensiones, que alcanzó un pico histórico del 12,4% del PIB en 2020. 

Tres años más tarde, en 2023, se implementó un sistema dual que permite a los nuevos pensionistas elegir entre cálculos basados en los últimos 25 o los mejores 27 de los últimos 29 años cotizados, adaptándose a las diferentes trayectorias laborales. "Hay que seguir defendiendo un sistema público de pensiones, ya que las alternativas de capitalización o privatización son infinitamente peores”, explica Ochando.

Estas reformas han generado un efecto mixto. Por un lado, han mejorado la sostenibilidad financiera del sistema al reducir el gasto promedio por pensionista y aumentar los ingresos mediante cotizaciones adicionales. Por otro lado, ha aumentado la incertidumbre entre los futuros pensionistas, especialmente aquellos con trayectorias laborales irregulares o salarios bajos. 

El debate sobre las pensiones va mucho más allá de lo técnico; está profundamente entrelazado con decisiones políticas y sociales. Para Ochando, "no es casualidad que los jubilados constituyan un 'granero de votos' significativo, lo que convierte a las pensiones en un eje recurrente en los programas electorales. Es un colectivo muy grande, sensible a las propuestas y con muchos incentivos a votar”.

Las reformas introducidas en el sistema de pensiones no solo buscan garantizar su sostenibilidad financiera, sino que también impactan en el mercado laboral, afectando tanto a la incorporación de jóvenes como a la prolongación de la vida laboral de los mayores.

Retrasar la jubilación: efectos sobre la incorporación de jóvenes al empleo

El sistema de pensiones tiene una influencia significativa en el mercado laboral, generando interacciones complejas entre las políticas de jubilación y las dinámicas del empleo. Por un lado, existen medidas que incentivan a los trabajadores a retrasar su jubilación, como bonificaciones en la pensión por cada año adicional trabajado. Estas políticas buscan mejorar la sostenibilidad del sistema al aumentar las cotizaciones y reducir el tiempo de percepción de las pensiones. 

Sin embargo, también generan debate sobre su impacto en la renovación del mercado laboral, especialmente en un contexto de alta precariedad juvenil. Mari Carmen plantea: “Las personas en edad de jubilación deben hacerlo sin penalizaciones para dar paso a los jóvenes en el mercado laboral y así reducir el desempleo. Los mayores tendrían mejor calidad de vida y los jóvenes más oportunidades”. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 40% de los trabajadores jóvenes tienen contratos temporales, lo que limita gravemente su capacidad para cotizar al sistema de pensiones. Esta situación genera incertidumbre sobre su futuro como pensionistas. “Mis nietos tienen trabajos precarios y, muchas veces, ni cotizan. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando yo tenía su edad, trabajabas duro, pero sabías que algún día tendrías tu recompensa. Ahora ellos no tienen esa seguridad”, comenta con preocupación Tere, jubilada de 86 años.

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La incertidumbre sobre las pensiones afecta en especial a los jóvenes que aún ven muy lejos el poder jubilarse. María, estudiante universitaria de 21 años, expresa escepticismo sobre su futuro como pensionista: "No creo que tenga una pensión suficiente, ni siquiera que tenga pensión cuando me jubile". Por ello, considera clave fomentar el ahorro anticipado entre las generaciones jóvenes y “un cambio radical que favorezca a quienes sostienen el sistema".

El impacto del sistema de pensiones en el mercado laboral subraya la necesidad de explorar alternativas que no solo garantizan la sostenibilidad del sistema, sino que también reducen las desigualdades intergeneracionales. Aumentar la calidad del empleo juvenil y ofrecer incentivos para una transición laboral ordenada entre generaciones son medidas esenciales para mitigar estos desequilibrios y fortalecer tanto el sistema de pensiones como la economía en general.

El desafío financiero: alternativas y propuestas de futuro

Siguiendo con otro enfoque, el sistema de pensiones en España, basado en un modelo de reparto, enfrenta una creciente presión financiera. En febrero de 2024, este gasto se situó en el 11,5% del PIB y se proyecta que supere el 15% para 2050 si no se realizan reformas estructurales.

Carlos Ochando, pone énfasis en la relación entre la Seguridad Social y el sistema fiscal, “En la medida en que las cotizaciones son insuficientes, hay que tirar de financiación basada en los impuestos”, explica. Esto implica un complicado juego de prioridades dentro del gasto público, donde destinar recursos a unas partidas supone reducir el presupuesto para otras. Así pues, las pensiones son la partida del gasto social más importante del presupuesto público. 

Las propuestas para aliviar esta presión incluyen el aumento de la edad de jubilación, el incremento de cotizaciones, la promoción de planes de ahorro complementarios y la ampliación de la base de cotizantes mediante la inclusión de mujeres y jóvenes. Alternativamente, se discute la viabilidad de un modelo mixto que combine el reparto con sistemas de capitalización, donde cada trabajador ahorra para su propia pensión. Ignacio Pedrosa considera “viable” un modelo de capitalización individual, pero reconoce su “dificultad de implementación”. 

Sin embargo, los sistemas mixtos, han demostrado ser eficaces en varios países. Por ejemplo, en Suecia, el sistema incluye una pensión básica financiada con impuestos y una cuenta individual de capitalización que permite a los trabajadores ahorrar para su jubilación. Este enfoque reduce la presión sobre el sistema público y garantiza un nivel mínimo de ingresos. Según los datos disponibles, Suecia (PIB 10,64%) destina un gasto medio por persona de 24.623 euros al año, posicionándose como uno de los países europeos con mayores inversiones en bienestar social. 

Otro caso destacado es el de Dinamarca que combina una pensión básica universal con planes ocupacionales obligatorios de capitalización. Este modelo garantiza ingresos básicos para todos los residentes mediante impuestos generales, mientras que los trabajadores contribuyen a planes gestionados por empleadores y fondos individuales. Según los datos del gráfico, Dinamarca lidera en gasto social con un promedio de 30.524 (PIB 11,68%) euros por persona al año, lo que refleja su compromiso con un sistema robusto y sostenible.

Adoptar modelos mixtos en España podría contribuir a diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación, reducir la dependencia exclusiva del sistema de reparto y garantizar ingresos mínimos para todos los jubilados, especialmente aquellos con trayectorias laborales precarias.

Crítico con las alternativas privadas, el profesor Ochando aboga por fortalecer el modelo público como garantía de equidad y justicia social. “Los planes de pensiones privados no pueden ser alternativa ni sustituto del sistema público; son mecanismos de ahorro de muy bajo rendimiento, nada más”. Los planes privados de pensiones representan una vía adicional para garantizar la seguridad financiera en la jubilación. Sin embargo, su accesibilidad sigue siendo un reto, especialmente para los trabajadores con ingresos bajos o irregulares.

Así pues, desde Comisiones Obreras (CCOO), la perspectiva es clara: garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

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El sistema de pensiones en España, aunque sigue siendo un pilar fundamental del Estado de Bienestar, enfrenta un futuro incierto debido a los desafíos demográficos, económicos y sociales. Con más del 22% de la población que recibe pensiones contributivas, la sostenibilidad del modelo actual depende de medidas estructurales que equilibren el envejecimiento poblacional y la disminución de cotizantes. Las reformas recientes, como el aumento de la edad de jubilación y la vinculación al IPC, han sentado las bases para garantizar un sistema más sólido, pero no eliminan del todo las preocupaciones de los actuales y futuros pensionistas.

CCOO destaca que los consensos alcanzados permiten afrontar los retos demográficos y económicos a 20 años vista: “Hemos puesto los cimientos necesarios para garantizar un sistema de pensiones que sea sostenible, eficiente y solidario, además de asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación, puedan disfrutar de una jubilación digna”.

El sistema de pensiones en España, tal como está concebido actualmente, se enfrenta a un futuro incierto. Esta realidad genera preocupación, no sólo en quienes se acercan a la jubilación o a los pensionistas del futuro, sino también entre los que ya reciben su pensión. “Una pensión no es solo un cheque; es nuestra tranquilidad, nuestra dignidad. Nos recuerda que el esfuerzo de toda una vida ha válido la pena”, reflexiona Pepica.

El debate sobre las pensiones debe ir más allá de los números, priorizando el bienestar de las personas y apostando por un enfoque integral que combine sostenibilidad financiera, políticas de inclusión laboral y justicia social.  Solo así será posible proteger tanto a las generaciones actuales como a las futuras, asegurando un sistema de pensiones que responda a los desafíos de una sociedad en constante cambio. Porque, como recuerdan, una pensión no es solo un ingreso: es la garantía de una vida digna tras años de esfuerzo. Solo así será posible proteger tanto a las generaciones actuales como a las futuras, asegurando un sistema de pensiones que responda a los desafíos de una sociedad en constante cambio.